Durante la presentación de los proyectos llevados a cabo del 26 al 30 de septiembre en Cibersorprende, los estudiantes de grado 11° presentaron su proyecto “Obstáculos para el acceso a la información con oportunidades de formación e inserción laboral para PCD en Medellín”, tema de gran importancia para la población con discapacidad. Por tal motivo, se pretende abordar más sobre los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad.

Este capítulo presenta una contextualización sobre la inclusión laboral desde su significado, fortalezas y debilidades en el proceso, el papel del sistema educativo y de las empresas y la articulación que debe tenerse con la familia, cruzado por la normatividad en el país y la acción del Estado. Para este apartado se consultan los siguientes autores y documentos: Alarcón, Y. (2014), Conpes Social 166 de 2013, Díaz (2006), la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Organización Internacional de Trabajo, Álvarez (2013), Rebollo (2011), la Ley 361 de 1997, (Hurtado, 2011), la Ley estatutaria 1618 de 2013, la Constitución Política de Colombia (1991); las anteriores fuentes permitieron ampliar conceptualmente el presente apartado no solo desde la normatividad nacional, internacional, sino desde autores expertos en el estudio acerca de los procesos de inclusión laboral.

Muchas han sido las trasformaciones que a lo largo de la historia se han tejido en torno a la discapacidad, como lo refiere Alarcón, Y. (2014) al expresar que la discapacidad ha pasado de ser “una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos con una dimensión de desarrollo social que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad”. (p.2). Sin embargo, el panorama es poco alentador en cuanto a la inclusión laboral de dicha población, ya que si la situación para vincularse laboralmente es difícil para un ciudadano del común lo es mucho

más para aquellas personas que presentan una limitación bien sea física, cognitiva o sensorial. Esta situación, constituye escasez de oportunidades para lograr la vinculación laboral de adultos en situación de discapacidad en entornos productivos, así la discapacidad se constituye en un reto dentro del mercado laboral colombiano.

El derecho al trabajo para las personas con o sin discapacidad se convierte en parte del continuo ciclo vital permitiendo una participación productiva a nivel económico en su vida adulta. Pese a esto, es una realidad que, para la población con discapacidad, éste derecho está siendo vulnerado y cuando pueden acceder a una oportunidad de empleo generalmente terminan desempeñando labores poco especializadas que subestiman en muchos casos su verdadera capacidad para el trabajo. Como lo manifiestan Valls y Jové (Citados en Díaz, 2006): “La mayoría de las personas con discapacidad, una vez abandonan el centro escolar, pasan a ser usuarias de las alternativas que desde los servicios sociales se organizan para los colectivos con discapacidad, centros ocupacionales o servicios de trabajo protegido” (p.104).

Si bien, la inclusión fue propuesta para involucrar a todas las personas en los ámbitos: educativo, social, cultural, laboral; sin importar su condición social, raza, discapacidad, la pregunta siempre ha sido ¿Está preparada la sociedad para enfrentar este reto? La inclusión exige una gran cantidad de cambios y la eliminación de barreras tanto arquitectónicas como actitudinales, que son las que muchas veces no permiten ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos.

Hablar de inclusión laboral no es solamente hablar de ofertas, de productos y servicios, sino también analizar otros agentes que deben participar en la formación de la persona con discapacidad para su integración a estos procesos, ellos son: la escuela, la familia, e incluso la misma voluntad de la persona con discapacidad.

Las cifras desde la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT, 2014) ofrecen un panorama poco alentador en términos de acceso al mundo laboral e incluso a condiciones de vida dignas, así:

Una de cada diez personas en el mundo tiene discapacidad. Son alrededor de 650 millones personas, de las cuales unos 450 millones están en edad de trabajar. Algunos tienen empleo y están totalmente integrados en la sociedad, pero como grupo, las personas con discapacidad con frecuencia enfrentan situaciones de pobreza y desempleo. Su exclusión social priva a las sociedades de entre 1,37 y 1,94 trillones de dólares en pérdidas anuales del PIB. Cerca del 80 por ciento de todas las personas con discapacidad vive en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo y tienen poco o ningún acceso a los servicios que requieren. Por estas razones, proveer de trabajo decente a las personas con discapacidad tiene un sentido social y también económico. (p. 1).

De acuerdo con la OIT los niveles de exclusión de las personas con discapacidad del ámbito laboral pueden tener costos sociales y económicos debidos al desaprovechamiento del potencial productivo de esta población, al impacto que la exclusión tiene sobre sus familias y, en los países donde los hay, a la sobrecarga que deben enfrentar los sistemas de compensación para las personas con discapacidad.

Son pocas las empresas que participan de los procesos de inclusión laboral y un mínimo de personas con discapacidad que están incluidas dentro de ellas, Cárdenas, Moreno y Álvarez (2013) expresan al respecto:

En Colombia, para el año 2013, el 6,3 % de la población total presenta discapacidad; entre ellos 92,4 % está en edad de trabajar, y el 80 % no trabaja ni busca trabajo. Es decir, solamente el 14,9 % de las personas con discapacidad en el país se encuentra trabajando. De

las personas que se encuentran trabajando el 66,5 % son hombres y solo el 33,5 % son mujeres. (p. 615). A pesar de los datos desoladores evidenciados anteriormente, Rebollo (2011) considera que:

Acceder a un trabajo conlleva unos niveles de vida más elevados, autonomía, salud, bienestar y relaciones sociales. La enfermedad crónica o la discapacidad pueden alterar las posibilidades de empleo, influyendo de manera progresiva y negativa sobre el individuo y su familia, sobre el lugar de trabajo y sobre la sociedad en su conjunto. (p.9).

En esta misma línea, encontramos leyes que buscan disminuir la brecha de exclusión las cuales reconocen que el empleo garantiza calidad de vida, pese a esto existen varias razones por las cuales muchas personas con discapacidad son relegadas del mercado laboral, entre ellas se encuentra: el desconocimiento de los empleadores frente a su verdadera capacidad productiva, la falta de adaptaciones en las empresas y puestos de trabajo que permitan que la población cuente con espacios acordes a sus necesidades, ausencia de garantías por parte del estado que promuevan la apertura de las empresas a la inclusión de personas con discapacidad en sus puestos de trabajo como una obligación y no como una opción y la falta de espacios formativos donde se les capacite adecuadamente en un oficio para su posterior inclusión laboral. Por otro lado, la Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 13 declara que:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, así mismo, la Constitución

establece que el estado promoverá las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva. (p.10).

Por lo tanto, se hace necesario garantizar los derechos de las personas con discapacidad por medio de acciones afirmativas, entendiéndose estas según Hurtado (2011) como:

Figuras jurídicas ratificadas en la jurisprudencia constitucional, mediante las cuales se pretende hacer efectiva la acción del Estado en procura de la protección reforzada de aquellas poblaciones que por sus especiales circunstancias, requiere de actividades específicas en procura de la efectividad del derecho a la igualdad. (p. 21).

Lo que significa que el estado deberá crear condiciones favorables que garantice la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos que hacen parte del ser humano desde lo social, cultural, familiar y personal.

Por su parte, en la Ley 361 de 1997 en su título II en el capítulo IV, se refiere a la integración laboral de las personas con discapacidad, donde se adoptan las medidas necesarias dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con discapacidad, para lo cual se utilizará todos los mecanismos adecuados.

Así mismo, la Ley estatutaria 1618 de 2013 "por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" (p.1) tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, a su vez garantiza el ejercicio pleno de los derechos.

El Estado adelanta una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y en su artículo 54, declara que:

Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, y que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud. (p.1).

Con esto se comprende que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es una responsabilidad política y social, por medio de la prestación de servicios integrales (salud y formación), mediante los cuales se puede lograr que la población con discapacidad desarrolle sus capacidades y contribuya de esta forma al mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia.

Formación e inserción laboral se convierten entonces en dos factores que van de la mano y que juntos facilitan o dificultan en la persona con discapacidad el éxito en su vida productiva. Las barreras que tienen las personas con discapacidad para poder acceder a una oportunidad laboral en condiciones dignas, los someten a la exclusión y en muchos casos a la segregación social por no poder ser productivos a nivel económico. Díaz (2006) se refiere a la importancia de la formación para la inserción laboral, recalcando que:

Las personas con discapacidad llegan a los servicios de inserción con muy poca formación sobre cuestiones laborales y contenidos específicos del mundo laboral: desconocen las técnicas más usuales para la búsqueda de empleo, carecen de un buen nivel de habilidades socio-personales relacionadas con el trabajo, y no disponen de un conocimiento acerca de sus posibilidades laborales, coherente con sus posibilidades reales de inserción laboral. (p.106)

En este orden de ideas, las instituciones de educación formal y las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, como entidades formadoras, aún no logran completamente cumplir con los procesos de inclusión laboral; por lo que se hace necesario que sean acordes a las directrices ministeriales, a la normatividad nacional, a las reflexiones llevadas a cabo por los expertos.

Redactada por:

Leidy Dayana Guzman Moreno

Mediadora Pedagógica Primaria incluyente